Quiebra personal: el nuevo recurso para quienes ya no soportan más las deudas

El tablero judicial encendió todas las alarmas: entre el 1 de febrero y “hace unos días” entraron 100 pedidos de quiebra personal en Salta, un registro inédito para tan poco tiempo. La jueza de Concursos, Quiebras y Sociedades de Segunda Nominación, Victoria Ambrosini, lo resumió sin rodeos: “Nunca pasó que en seis meses hayan ingresado 100 pedidos”.

El fenómeno no es nuevo —comenzó en 2017—, pero la curva no dejó de subir y, según la magistrada, se acentuó desde 2018. Detrás de los expedientes, se repite un patrón: empleados públicos atrapados por créditos y préstamos personales, mayormente bancarios. Dentro de ese universo, el personal policial concentra una porción significativa de los casos que llegan al juzgado.

La quiebra personal funciona como un mecanismo de última instancia: cuando la deuda supera la capacidad real de pago, la persona puede solicitar su propia quiebra para ordenar, saldar y reiniciar su situación financiera. Pero el dato de volumen —100 presentaciones en medio año— describe algo más que trámites: un deterioro del ingreso formal incapaz de sostener cuotas que se multiplican por inflación e intereses.

"Esta gente llega en una situación desesperante al juzgado pidiendo la propia quiebra con la finalidad casi exclusiva de recuperar en parte su salario para poder sobrevivir", enfatizó la jueza.

Este panorama indudablemente pone en evidencia la necesidad de revisar las prácticas de crédito y el acceso a herramientas financieras en la provincia.

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