Dos hombres que se pusieron de acuerdo para fraguar una falsa denuncia de robo de una camioneta para cobrar el seguro consiguieron evitar una pena de prisión, pero para acceder a la suspensión de juicio a prueba (probation) se les impuso que repararan el daño que ocasionaron.
A propuesta de su abogada defensora, además de realizar tareas comunitarias, uno de los implicados se comprometió a brindar charlas y exposiciones preventivas en un comedor para concientizar sobre el perjuicio de este tipo de maniobras fraudulentas. Y a estas intervenciones las hará en video, para que se difundan en redes sociales.
El fallo del Juzgado de Control y Faltas N° 8 de la ciudad de Córdoba, que concedió la probation a Lisandro Abel Lucero y a Mauricio Adrián Luna, ambos integrantes del gremio de los recolectores de residuos (Surrbac) quienes llegaron acusados de orquestar una falsa denuncia por el robo de una camioneta para cobrar la póliza de seguro.
El caso se remonta a septiembre de 2024, cuando Lucero denunció ante la Unidad Judicial 10 que su camioneta Toyota Hilux había sido sustraída de la puerta de su domicilio en barrio Empalme. Sin embargo, la investigación judicial determinó que el robo nunca existió.
El objetivo real, estableció esa investigación, era defraudar a la compañía Triunfo Seguros. Para darle credibilidad al siniestro, Lucero contó con la complicidad de Luna, quien actuó como un supuesto testigo presencial, confirmando la falsa versión ante la aseguradora para lograr el cobro de la prima.
Luna es supervisor del ente Córdoba Obras y Servicios (Coys) y es una persona muy cercana al líder del Surrbac, Mauricio Saillén. Lucero trabaja para servicios generales en la empresa LAM.
“Quedó en un grado tentativa, porque no alcanzaron a cobrar los seguros, pero lógicamente se movió todo el aparato judicial, no solamente cuando ellos denuncian que les habían robado las camionetas y no era cierto, sino también ya con la causa en sí contra ellos. Pedí que vayamos a un juicio a prueba y que se repare el daño porque como dijo el fiscal Tomás Casas y es súper acertado las falsas denuncias se mueven todo el aparato judicial, hay un desgaste, hay una economía procesal que se ve totalmente afectada y que no puede quedar así. Y estamos hablando de otro tipo de falsa denuncia que entra a jugar en esa esfera de que la gente relaciona hoy únicamente falsas denuncias con el tema de género, y no, hay falsas denuncias por coacción, por amenazas, y en este caso una falsa denuncia que es muy recurrente que es por los fraudes con los seguros”, explicó Burgos.
Una reparación con charlas y videos preventivos
Ante el pedido de los defensores, el juez Carlos Romero aceptó suspender el juicio por un año y medio a cambio de una serie de reglas de conducta.
Si bien la fiscalía se opuso inicialmente, el magistrado consideró razonable la propuesta de reparación que incluyó no solo el pago de una multa y tareas en un comedor comunitario, sino también un compromiso educativo.
Específicamente, se impuso a Luna la realización de “exposiciones, a través de charlas en la fundación donde ofreció realizar las tareas comunitarias y otros medios útiles” —como podrían ser contenidos audiovisuales— dirigidas a la “prevención de la comisión de delitos” similares a los que se le reprochaban.
A través de su abogada, Luna ofreció dar las charlas en el comedor -también vinculado al Surrbac- Pascual Catrambone, de Villa el Libertador, además de publicar edictos y difundir los videos en sus redes sociales.
Para el juez Romero, “la reparación, además de compensar el daño a la víctima, constituye un modo socialmente constructivo para que el autor sea obligado a dar cuenta de sus actos”.
"Estos chicos fueron presos y tienen que hacer un trabajo comunitario muy extenso, donde no solamente es pagar una multa y estar colaborando con tareas en comedores y todo eso, sino hacer una difusión por medio de comunicación, por redes, por edicto de lo que son las falsas denuncias", amplió Burgos.
Los videos serían grabados la semana próxima, apenas se acuerden los términos en el Juzgado de Ejecución. En esa instancia, a su vez, se va a acordar en qué plataformas, cuántas veces y con qué frecuencia se van a difundir.
El costo de las falsas denuncias
En uno de los fundamentos del fallo se alude al daño provocado por movilizar innecesariamente a la justicia y a las fuerzas de seguridad con una falsa denuncia. Aunque la estafa no llegó a consumarse y la aseguradora no sufrió un perjuicio patrimonial directo, el juez fue enfático al describir el impacto institucional.
“La extensión del daño causado se redujo a la movilización de la administración de la aseguradora del rodado y del aparato judicial”, consideró Romero.
Se sumó Romero en un fallo a la discusión sobre el impacto de las falsas denuncias, que viene impulsada por un proyecto de ley presentado por la senadora Carolina Losada y que tuvo impacto local con las palabras del fiscal General Carlos Lezcano.
En concreto, durante los próximos 18 meses, Lucero y Luna deberán:
- Fijar residencia y someterse al control de la Justicia de Ejecución.
- No cometer nuevos delitos.
- Realizar tareas comunitarias mensuales en la fundación “Copa y comedor Vicente Pascual” de barrio Villa Libertador.
- Cumplir con el cronograma de charlas preventivas sobre fraudes y falsas denuncias.
“Con esta resolución, la Justicia busca que los responsables no solo eviten la cárcel por carecer de antecedentes penales, sino que devuelvan a la sociedad un mensaje de legalidad a través de la educación y el trabajo comunitario”, enfatiza el juez.
“Esto es disruptivo y es muy interesante porque muestra que no solamente las falsas denuncias son en materia de género”, remarcó Burgos.
La investigación: el rastro digital y la auditoría interna
El engaño comenzó a desmoronarse gracias a una combinación de investigación corporativa y pericias judiciales. Según surge del expediente, la compañía Triunfo Seguros inició una investigación interna tras la denuncia del supuesto robo.
Un punto clave fue el intento de los acusados por "fabricar" evidencia digital: Lucero le envió mensajes de WhatsApp a Luna informándole sobre el robo con el único fin de que quedara un registro escrito que luego fue exhibido a la aseguradora como "prueba" del siniestro.
Sin embargo, al ser entrevistado por la compañía, las contradicciones de Luna y el análisis de la prueba documental —que incluyó informes de dominio, registros del 911 y actas de inspección ocular— permitieron a la fiscalía determinar que la camioneta nunca había sido sustraída.
Incluso, durante el proceso, el tribunal debió ordenar el secuestro del vehículo y posteriormente entregarlo a Lucero bajo la figura de depositario judicial, obligándolo a contratar un seguro a favor del Poder Judicial para garantizar que el bien no fuera ocultado nuevamente.
En cuanto a los recursos demandados, si bien el fallo no estipula una cifra monetaria exacta, el fiscal Casas remarcó que los acusados “han movilizado todo el aparato judicial, ocasionando una erogación importante” para las arcas públicas.
En la misma línea, el juez Romero detalló que el daño social de la maniobra consistió específicamente en la “movilización de la administración de la aseguradora del rodado y del aparato judicial”, lo que implica el uso de horas hombre de personal policial, ayudantes fiscales, peritos y magistrados en un caso basado en una mentira.
Fuente: Ary Garbovetzky (LaVoz.com.ar)
