La Cámara Federal de Resistencia confirmó la condena contra el Correo Oficial de la República Argentina S.A. por el despido sin causa de un trabajador jerárquico que había prestado servicios durante casi 48 años. Como consecuencia, la empresa estatal deberá abonarle una indemnización cercana a los $100 millones, luego de que la Justicia considerara que no logró probar la supuesta “pérdida de confianza” invocada para justificar la desvinculación.
El caso tiene como protagonista a T. A., quien se desempeñaba como jefe de Oficina en la sucursal de Pirané, en Formosa, y había ingresado a la empresa en 1971.
Sin embargo, en diciembre de 2018 el Correo Oficial decidió rescindir su contrato laboral al acusarlo de haber cerrado unilateralmente la oficina los días 18 y 19 de abril de ese año, lo que habría impedido la realización de una auditoría interna.
No obstante, el trabajador negó haber cometido irregularidades y cuestionó la demora de la empresa en comunicar formalmente el despido, ya que la medida fue adoptada varios meses después del episodio señalado.
En ese marco, el Juzgado Federal N°1 de Formosa hizo lugar a la demanda laboral debido a la inacción procesal de la empresa y declaró la caducidad de las pruebas presentadas por el Correo por negligencia en la gestión judicial.
Posteriormente, al analizar la apelación, la jueza Rocío Alcalá, con adhesión de Enrique Bosch, ratificó la sentencia de primera instancia y sostuvo que la empresa no logró acreditar de manera fehaciente los hechos que justificaran el despido. Además, recordó que la carga de la prueba recae sobre el empleador cuando decide desvincular a un trabajador con causa.
Por su parte, la defensa del Correo intentó respaldarse en reglamentos internos para sostener que, debido al cargo jerárquico del empleado, no era necesario reunir mayores pruebas. Sin embargo, la Cámara rechazó ese argumento y aclaró que las funciones de supervisión y responsabilidad no eximen a la empresa de demostrar las faltas atribuidas al trabajador.
Asimismo, el fallo profundizó sobre el concepto jurídico de “pérdida de confianza” y advirtió que no puede utilizarse de manera subjetiva o arbitraria para justificar un despido. En este sentido, los magistrados remarcaron que no existían actas, testimonios ni registros institucionales que confirmaran que el empleado hubiera cerrado la sucursal de manera ilegítima.
Por ese motivo, la Justicia concluyó que el despido debía considerarse incausado, habilitando automáticamente el derecho del trabajador a percibir las indemnizaciones legales correspondientes.
Aunque el reclamo original presentado en 2020 ascendía a poco más de $5,9 millones, la acumulación de intereses durante casi ocho años de litigio judicial elevó el monto total de la condena a una cifra cercana a los $100 millones.
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