La Justicia de Santa Fe dispuso la quiebra de Sancor Cooperativas Unidas Limitada, poniendo fin a casi un siglo de trayectoria de la emblemática empresa, que atravesaba una crisis desde hacía más de 20 años. La decisión se conoció luego de que la propia firma solicitara el procedimiento hace una semana, en medio de deudas superiores a US$120 millones y ocho meses de sueldos atrasados a sus empleados.
El fallo toma como punto de partida la admisión de la propia compañía, que había manifestado su “imposibilidad de formular propuesta de acuerdo preventivo” en función del pasivo acumulado y la evolución de la deuda posterior al concurso. Para el magistrado, esa confesión constituye una “exteriorización inequívoca del fracaso del proceso preventivo”, lo que habilita directamente la declaración de quiebra sin necesidad de agotar los plazos formales.
En ese marco, la resolución aplica la figura de la quiebra indirecta por frustración anticipada, al considerar que continuar el trámite concursal implicaría un “dispendio jurisdiccional innecesario” y un agravamiento del pasivo. “La empresa no genera recursos suficientes ni siquiera para sostener su operatoria ordinaria”, señala el fallo, al describir un escenario donde la continuidad solo se financia mediante el incumplimiento de obligaciones corrientes.
Uno de los ejes centrales es la evolución del pasivo postconcursal. Según surge del expediente, la deuda siguió creciendo de manera sostenida durante el proceso, configurando, en términos del juez, un esquema de “financiamiento forzoso a costa de terceros”. Esa dinámica, agrega, no solo evidencia falta de liquidez sino también una “inviabilidad estructural no susceptible de reversión”.
Según el expediente, el pasivo postconcursal crecía a un ritmo cercano a $3000 millones por mes, mientras que la actividad no generaba ingresos suficientes para cubrir los costos.
La resolución también ordena la acumulación de los pedidos de quiebra presentados por distintos acreedores y establece que prevalece el pedido de la propia empresa. En ese sentido, recuerda que la ley concursal dispone que la solicitud del deudor tiene prioridad “cualquiera sea el estado” de los planteos de terceros, siempre que no haya sentencia previa.
Continuidad para preservar valor
A pesar de la declaración de quiebra, el fallo dispone la continuación de la explotación en aquellas unidades que aún se encuentran operativas. La medida apunta a evitar una caída abrupta del valor de los activos y facilitar su eventual transferencia.
Vale recordar que, en su momento, el gremio Atilra había solicitado la quiebra con la continuidad de la explotación para mantener el trabajo de los empleados.
El juez advierte que la paralización de las plantas podría generar un “deterioro significativo, e incluso irreversible, de maquinarias, instalaciones y equipos”, lo que afectaría directamente las posibilidades de recuperación para los acreedores. Por eso, la continuidad se limita a los establecimientos que puedan sostenerse sin generar nuevo pasivo y, en particular, a aquellos que operan mediante contratos de producción para terceros.
Actualmente, SanCor cuenta con seis plantas industriales distribuidas entre Santa Fe y Córdoba, Sunchales, Gálvez y San Guillermo, por un lado, y Devoto, Balnearia y La Carlota, por el otro, aunque con niveles de utilización muy por debajo de su capacidad instalada. El propio expediente señala que algunas líneas operan con niveles mínimos y que incluso hay instalaciones paralizadas, como la planta de San Guillermo.
La radiografía productiva muestra un deterioro sostenido. Según detalla el fallo, la cooperativa pasó en los últimos años de ser una procesadora de leche propia con esquemas de fazón complementarios a depender casi exclusivamente de producción para terceros, y más recientemente a un escenario aún más limitado: tras la caída de esos contratos, quedó operando con volúmenes propios muy reducidos.
En números, esa caída es evidente. En enero de 2026 la empresa procesó poco más de seis millones de litros equivalentes, un nivel que, de acuerdo con los informes técnicos incorporados a la causa, no alcanza para cubrir su estructura de costos. A esto se suma una fuerte capacidad ociosa, especialmente en la planta de Sunchales, la más importante del sistema, que funciona con niveles de utilización extremadamente bajos.
El fallo también advierte sobre el impacto de esa dinámica en la estructura productiva: la pérdida de contratos de fasón, la salida de proveedores de leche y la reducción de la base de asociados tamberos terminaron por achicar la escala operativa a niveles mínimos, afectando tanto la generación de ingresos como la sustentabilidad del negocio.
En paralelo, se refuerza el control judicial sobre la compañía. Se establece una organización específica de la sindicatura, con funciones diferenciadas para la supervisión operativa, la liquidación de activos y el control del pasivo, y se dispone la suspensión de ejecuciones individuales sobre bienes clave para garantizar la continuidad.
